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Consecuencias de la ley mordaza en las prostitutas del Polígono de Villaverde

Elisa Arenas López, del Colectivo Hetaira, publicado en el periódico 15M, 16/o2/2017.
Hetaira, colectivo de defensa de los derechos de las prostitutas, nació en 1995. Estos 21 años no han sido fáciles para las trabajadoras del sexo, pero la situación ha empeorado notablemente desde que las instituciones las persiguen, acosan y multan a a través de la criminalización de la prostitución en el espacio público.
En el municipio de Madrid la criminalización se está llevando a cabo con la aplicación de la ley mordaza en el Polígono Industrial de Villaverde, conocida zona de prostitución en Madrid.
Antes de su entrada en vigor, la delegada del Gobierno Concepción Dancausa anunció en medios de comunicación que iba a “combatir” la prostitución pero no multaría a las mujeres, solo a los clientes. Esto no fue cierto, cuando la ley entró en vigor también se multó a éstas. Por ello, Hetaira solicitó una reunión con Delegación del Gobierno en la que Dancausa aseguró que los expedientes de esas multas no se iban a tramitar.
No cumplió su palabra y cuatro meses después las primeras multas llegaron a casa de las mujeres. Ante esta falta de rigor, Hetaira solicita una nueva reunión en la que la delegada modifica su discurso y explica que las multas por el artículo 36.6 que tipifica la desobediencia a la autoridad si se van a tramitar. El artículo 36.6 es un “cajón de sastre” para penalizar libertades básicas a través de la arbitrariedad policial. Casi todas las mujeres del polígono han sido multadas por este artículo, Delegación del Gobierno miente y manipula para finalmente hacer lo que anunció que no haría: perseguirlas, acosarlas y multarlas.
Y a esta difícil situación se añade el alarmante incremento de abusos de poder y vulneración de derechos por parte del Jefe de Brigada y su subalterna pertenecientes al grupo XI de la brigada provincial de la UCRIF (Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales) que operan en el polígono. Paradójicamente es la unidad que se encarga de aplicar tanto la ley de extranjería como los delitos de trata. A su vez estos agentes son los que mayoritariamente están multando a través de la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), de manera que esta normativa se ha convertido en la herramienta perfecta para fomentar estos abusos de poder.
Las prácticas que estos agentes del grupo XI de la UCRIF están claramente fuera de la legalidad. Profieren insultos machistas, homófobos, transfobos, xenófobos, vejaciones y amenazas de agresiones físicas. Ordenan a las mujeres que se sitúen en ciertos lugares con la garantía de que allí no serán multadas para después multarles igualmente. Dan información falsa sobre extranjería diciendo que han visto en su base de datos que no tiene la documentación en regla y amenazan con retirar la nacionalidad o no poder renovar la documentación.
Utilizan los documentos de identidad para vejar a las mujeres, rompiendo los resguardos de los mismos o tirando el DNI al suelo para que se tengan que agachar a recogerlos tras una identificación. Son habituales y constantes comentarios como “Voy a hacer mi trabajo que para eso me pagan, para molestarlas”, “La prostitución en Marconi se va a acabar porque a mí me da la gana”, “Que no te vuelva a ver zorreando”, “Te llamas Vicente (gritándole a una mujer transexual) y no eres una mujer”, “Te voy a pegar dos hostias”, “Vete a zorrear a tu país”, “Os voy a llevar presas”.
Hace más de 6 meses, Hetaira puso en conocimiento de Delegación del Gobierno estos hechos. También los conocen el Área de Seguridad Ciudadana, y representantes del Ayuntamiento de Madrid (de Ahora Madrid y PSOE). El 29 de noviembre de 2016 Hetaira y AFEMTRAS realizan una rueda de prensa denunciando los hechos. El 20 de diciembre de 2016 de nuevo ambas organizaciones convocan una concentración en la puerta del Ayuntamiento para exigir a éste y a Delegación del Gobierno que se comprometan con los derechos humanos de las trabajadoras del sexo. A día de hoy no ha habido ninguna respuesta institucional contundente y los mencionados agentes del grupo XI de la UCRIF siguen patrullando el polígono con total impunidad.
Esta inmovilidad y desinterés de las instituciones ante esta vulneración de derechos humanos es totalmente inadmisible en un Estado de Derecho. Además este tipo de prácticas daña seriamente la imagen y la confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La penalización del trabajo sexual, lejos de resolver ningún problema de convivencia, los agrava o los traslada de lugar. Es comprensible, en ocasiones, la queja vecinal, y para que se solucione este problema debería darse en un proceso democrático de participación de todos los agentes que operan en el espacio público: vecindario, comerciantes y trabajadoras del sexo. Es necesario que el Ayuntamiento de Madrid deje de ignorar a las prostitutas que reclaman derechos y las tenga en cuenta para la creación de políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida, tal y como prometió el Ahora Madrid en su programa electoral.
Las organizaciones pro-derechos seguiremos exigiendo la despenalización del trabajo sexual para mejorar las condiciones de vida de las prostitutas, (tal y como han hecho organizaciones como Amnistía Internacional, ONU Mujeres o la OIT), y reivindicando políticas públicas que sitúen en el centro la voz y las necesidades de éstas.
Elisa Arenas López es trabajadora social y forma parte de Hetaira desde el año 2008.

2017-04-23T09:23:54+00:00