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Decepción entre las putas

Revista La Calle, Mamen Briz
Federación de Barrios de Zaragoza
Abril de 2007

Decepción, ese es el sentimiento que se instala en quienes ejercen la prostitución por decisión propia y en las activistas que luchan a favor de los derechos de trabajadoras y trabajadores del sexo tras escuchar las conclusiones a que llega la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados en relación a la prostitución. Decepción porque existía la posibilidad de que políticos y políticas mostrasen preocupación por un sector de personas que en la actualidad viven en la marginación, en la exclusión, en los márgenes de la sociedad porque se les niegan derechos laborales.

Existía la posibilidad de que se reconociese la prostitución como una actividad económica legítima, tal y como declaró en 2001 el Tribunal de Luxemburgo, tal y como vienen reclamando las trabajadoras del sexo. Existía la esperanza de terminar con situaciones de desprotección y vulnerabilidad, de acabar con planes municipales (Madrid) o con normativas ciudadanas (Barcelona) que castigan duramente a quienes ejercen la prostitución con retenciones, sanciones económicas o deportaciones arbitrarias y que recuerdan a épocas pasadas.

Se insinúa que no es el momento apropiado, que ahora hay que fijarse sobre todo en la prostitución forzada, ¿es que no se está haciendo ya? ¿es que no se está trabajando para desmantelar las mafias que extorsionan, coaccionan y fuerzan a ejercer la prostitución? Para nosotras la lucha eficaz contra la trata de mujeres con fines del comercio sexual solo es posible si se diferencia claramente la prostitución voluntaria de la forzada. Hasta la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil manifiesta en sus informes anuales la dificultad para intervenir adecuadamente al realizar incursiones en los clubes y encontrarse con personas que manifiestan su voluntariedad a la hora de prostituirse.

Leemos con estupor unas conclusiones que no tienen en cuenta la realidad que viven día a día las trabajadoras del sexo: ¿acaso no importan sus experiencias de vida? ¿no importan sus relatos? ¿no importan sus demandas? ¿no importa que desde los años 80 existan movimientos organizados de prostitutas empeñadas en mejorar sus condiciones de trabajo y de vida? ¿estarán mejor así, viviendo sin derechos?

Lamentamos además el enorme gasto público y el tiempo derrochado para el trabajo en una comisión que desde el principio sabía cuáles eran las conclusiones a las que iba llegar. Soledad Murillo, secretaria general de Políticas de Igualdad, declaraba en 2005: “La prostitución está permitida y no es ilegal y que por tanto puede ejercerla cualquier persona”. Es decir, se puede ejercer pero se seguirá castigando a este sector a ejercer en los márgenes, sin protección social, sin derechos.

El artículo 9 de la Constitución Española dice textualmente que: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Y el artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Sin embargo su contenido se tergiversa y la comisión entiende que no hay que regular la prostitución. Para nosotras es justo lo contrario, acabar con las discriminaciones que sufren las trabajadoras del sexo, dotarles de derechos, haría posible su participación en la vida pública en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.

Una parte de la sociedad aún no está dispuesta a permitir que las mujeres decidan qué hacer con su cuerpo, incluido el derecho a mantener relaciones sexuales adultas consentidas, haya o no dinero de por medio. El comportamiento sexual siempre ha sido más duramente juzgado cuando las protagonistas son mujeres. Por eso se recurre al concepto abstracto de la “dignidad” (el mismo al que recurrió la ley franquista de 1956) y se nos dice de nuevo a las mujeres qué es digno y qué es indigno. En este caso es indigno que se vendan servicios sexuales a cambio de dinero, independientemente de la opinión de las personas implicadas en el proceso. Las mujeres son infantilizadas, se les protege aún sin que hayan reclamado protección. Tal y como decía una chica de la calle en una de las ruedas de prensa organizadas en nuestro local: “Soy yo quien dignifica mi trabajo”.

Desde Hetaira seguiremos trabajando duro para garantizar los derechos de todas las personas que ejercen la prostitución: a quienes denuncian a las mafias que les explotan y coaccionan, a quienes desean abandonar el ejercicio de la prostitución y a quienes reclaman derechos laborales. La sociedad española, al contrario de la clase política, ha demostrado una vez más su madurez y en diferentes encuestas de opinión (El País con el 77%, La Vanguardia con el 76,4%, Cadena Ser con el 82% y 20 Minutos con el 75%, efectuadas todas el 21 de febrero de 2007) se ha manifestado a favor de una regularización con derechos.

 

abril, 2007 |Categorías: Artículos de Hetaira|