Hetaira |
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“EL PROYECTO MIGRATORIO DE LAS TRABAJADORAS
Este estudio intenta aproximarse al mundo de la prostitución; no pretende ser un escrito donde se trate el objeto de estudio con una visión cínica e hipócrita ni tampoco es un análisis profundo, más bien pretendemos provocar el debate sobre ciertas cuestiones concretas. Hemos de advertir que hemos utilizado mucho material documental de autores especializados en la materia y, por otro lado, la experiencia vivida durante años junto al Colectivo Hetaira. En la actualidad el fenómeno de la prostitución es abordado desde diferentes puntos de vista, a menudo muy contradictorios entre sí. Uno de los enfoques que circula con insistencia en los medios de comunicación y en el ámbito político es el que lo circunscribe al tráfico de seres humanos, reduciendo toda prostitución a casos de explotación y esclavitud sexual femenina. El colectivo Hetaira, que trabaja en el ámbito de la prostitución desde hace varios años en Madrid, ha podido descubrir por su labor una realidad diferente que quiere ser contrastada en esta investigación. Dolores Juliano, miembro de LICIT (Línea de Investigación y Cooperación con las Inmigrantes Trabajadoras Sexuales) nos recuerda que la prostitución no es un fenómeno aislado, un mundo aparte, sino un síntoma visible de la situción general de la mujer dentro de la sociedad. Una aproximación al mundo de la prostitución con la mirada libre de prejuicios puede ayudarnos a conocer cómo se superponen las relaciones de poder entre sexos y las desigualdades económicas. Si somos capaces de superar las ideas prefijadas sobre el funcionamiento de la cultura y acercarnos al mundo de la prostitución, descubriremos buena parte de los valores y contradicciones que subyacen en el escenario de las relaciones sociales legitimadas y nos permitirá conocer más las discriminaciones que queremos superar. Esta investigación tiene así el propósito de desarraigar los mitos que circulan actualmente en los ámbitos de poder y en los medios de comunicación sobre la existencia y predominio de mafias de redes ilegales que actúan con fines de explotación y tráfico de personas. Quisiéramos mencionar también que el movimiento de emancipación de las mujeres no marca una línea divisoria en lo relativo a la prostitución y a las prostitutas. Mujeres pertenecientes al movimiento feminista comparten distintas visiones y perspectivas relativas a la prostitución, el papel del sexo en las relaciones, a la pornografía, etc… Algunas de esas polémicas también están expuestas en este proyecto. Dadas las limitaciones de la investigación, nos hemos centrado en un colectivo particular de inmigrantes, el de las trabajadoras sexuales ecuatorianas de calle en Madrid. Optamos por ellas, ya que se trata de uno de los grupos de migrantes más numerosos en España; de hecho, en los últimos cinco años, Ecuador ha llegado a ocupar el segundo lugar de origen de las personas inmigrantes que llegan al país. Además, es un colectivo que posee ciertas ventajas añadidas, como el hecho de que comparte características culturales similares a las españolas que lo hacen más accesible (idioma, valores, etc.), y que han desarrollado un mayor nivel organizativo como grupo dentro de las trabajadoras del sexo, como hemos constatado por el trabajo que ha venido desarrollando Hetaira. Por último, no podríamos olvidar a las personas y organizaciones sin las cuales esta investigación hubiese sido inviable sin su apoyo y colaboración. Nuestro más sincero agradecimiento en primer lugar a la Fundación Alternativas por hacer posible esta investigación y haber confiado en nosotras; a nuestras compañeras de Hetaira, mujeres emprendedoras de las que aprendemos todos los días y, cómo no, especialmente, a todas las putas que de una u otra manera han colaborado con nosotras y ponen en evidencia que la tal división entre mujeres trabajadoras del sexo y mujeres trabajadoras en otros sectores (mujeres malas y decentes) no existe, nos demuestran que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos pueden separar. A esas mujeres les dedicamos nuestro deseo de extirpar ciertos estereotipos que van asociados a la prostitución y nuestra presente y humilde contribución. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y DE LOS OBJETIVOS
Hemos considerado objeto de estudio a todas aquellas mujeres, transexuales y travestis ecuatorianas que encontramos ejerciendo trabajo sexual durante nuestras visitas a las diferentes áreas de prostitución callejera de Madrid en el período de estudio (Diciembre 2003/Julio 2004).
Dado que la prostitución de calle en Madrid está estrechamente vinculada al fenómeno de la inmigración (según cifras que maneja el Colectivo Hetaira, las prostitutas de calle en Madrid constituyen en torno a un 90% de personas inmigrantes), agruparemos los objetivos en dos categorías principales para, desde allí, desglosar los objetivos específicos que detallan los problemas concretos que se quieren estudiar:
MARCO CONCEPTUAL
Daremos una contextualización del tema a desarrollar, considerando los siguientes puntos:
Género, migración y mercado laboral.
Es en los últimos flujos migratorios donde la presencia femenina es mayor, incluso podemos hablar de que la feminización es uno de los rasgos propios de este fenómeno. Anteriormente los investigadores no consideraban a las mujeres como migrantes autónomas que tomaban la decisión por sí mismas de desplazarse a otro país, sino que lo hacían siguiendo al responsable masculino del grupo familiar.1Además del deseo de compartir con su pareja el proyecto migratorio, existen muchos factores que han contribuído al aumento de la migración de mujeres2 (dependiendo de la zona de la que se provenga unos tendrán más importancia que otros):
En muchas ocasiones son las mujeres las principales, cuando no las únicas, responsables de la manutención de las familias que permanecen en su lugar de origen, por lo tanto, su estrategia está dirigida a maximizar el ahorro para remitir el dinero. A finales del año 2000, y sólo contabilizando las personas inmigrantes regularizadas, las mujeres suponían casi un 48% del total de la inmigración; en el caso de algunos colectivos, la feminización es indiscutible, tal es el caso de la República Dominicana (80%), Colombia, Ecuador, Brasil y Guinea Ecuatorial donde las mujeres representan un 70% del total. Otros colectivos en el que el sector femenino alcanza cuotas del 60% son los procedentes de Filipinas, Perú y Cabo Verde. En el colectivo de personas marroquíes, pese a ser de los más numerosos, las mujeres sólo representan el 33%3. Las actividades laborales que suelen desarrollar las mujeres inmigrantes de la Comunidad de Madrid es el servicio doméstico, ya sea en la modalidad de externas, por horas (compatibilizan con otras actividades) o internas; la hostelería, los trabajos personales como el cuidado de personas mayores, de niños, enfermos… y la prostitución. En general, la inmigración femenina en Madrid ha tenido acceso a un mercado de trabajo muy reducido y con unas características muy específicas. Las mujeres inmigradas, sea cual sea su nivel de estudios y su capacitación, tienen escasas probabilidades de mejorar sus condiciones laborales y de promocionarse. La prostitución aparece como la opción que más ingresos genera.
Antecedentes históricos de la prostitución en España
La prostitución es un fenómeno presente a lo largo de la historia y cambiante en cuanto a su concepto y maneras de ejercerla. Concretamente en nuestro país, encontramos las primeras normas sobre la prostitución en Las Partidas de Alfonso X “el Sabio” (1221-1284), a las que se fueron sucediendo nuevas leyes durante los siglos XIV al XVIII. Por ejemplo, en el siglo XIV, con Alfonso XI “El Justiciero” (1311-1350), se persiguió el oficio de prostituta y las obligó a vestir con tocas de color azafrán para distinguirlas. Pero las demás mujeres comenzaron a imitar estas tocas y tuvieron que ingeniarse otra manera de diferenciar a las prostitutas. Más adelante, en el sigo XVI, en cada ciudad existía un barrio marginal -la mancebía-, cuyo funcionamiento estaba regulado por estatuto. Eran lugares acotados, vigilados y con un encargado que respondía ante la autoridad del cumplimiento de las normas. Las pupilas, también tenían un reglamento que cumplir: debían acreditar ante el juez ser mayores de 12 años, haber perdido la virginidad y ser huérfanas. El juez estaba obligado a disuadirlas de ejercer este oficio. Cuando las muchachas se convertían en mujeres admitidas en la mancebía, tenían que pagar un pequeño impuesto al Ayuntamiento. El punto culminante a esta labor legislativa de aislar y controlar el ejercicio de la prostitución se produce en el siglo XVII con Felipe IV (1605-1665) quien prohibió el establecimiento de mancebías en sus reinos pero, con el tiempo, se lamentó del escaso éxito de su medida. Posteriormente, con Carlos II (1661-1700), las mancebías volvieron a abrirse. Durante el siglo XVIII se mantiene el ejercicio libre y los prostíbulos sin cambios significativos hasta el siglo XIX, el gran siglo de los burdeles, ya que el asentamiento de la burguesía impulsó el desarrollo de la prostitución. En el siglo XIX ya se hace patente el doble carácter que tiene la prostitución: por un lado como fenómeno social de tipo conservador de un determinado orden social y, por otro, subversivo del orden establecido, como perturbación en la estructura y valores morales y económicos de la sociedad del momento. Durante este siglo, la prostitución crecía en número y las prostitutas se hacían más visibles. La acción política trataba de poner freno a las posibles consecuencias que este crecimiento podía tener en la salud pública, tanto moral como física, de la sociedad. No se pensaba en prohibir el ejercicio de la prostitución, sino que la actitud de los poderes públicos se centraba en encauzarla, regularla, procurando que aquélla fuera ejercida con el máximo de garantías sanitarias y de control del Estado. Los nuevos códigos penales europeos se encargaron de estipular cuáles eran las acciones que se apartaban de las leyes y de imponer las penas a los infractores de la ley. En España, como en muchos otros países de Europa, se tomó como modelo el Código Penal francés de 1791. En la Constitución de 1812 se recogía la necesidad de elaborar un Código Penal de delitos aplicables a todo el país. Este código se elaboró en 1848 donde quedaron establecidos los delitos y las penas relacionadas con el ejercicio de la prostitución en el Título X, que llevaba por nombre “Delitos contra la honestidad”. La prostitución, como tal, deja de ser considerada delito. En 1865 el gobernador de la provincia de Madrid reformó el reglamento para incluir un apartado llamado de Higiene Social o de la Prostitución. La base de la reglamentación era tener inscritas a las mujeres que ejercían la prostitución obligándolas a las visitas médicas y a la obtención de unas cartillas específicas donde se reflejaban los datos personales y sanitarios de cada una. Con los años, se comprobó que la prostitución clandestina era mucho mayor que la “normalizada”. Este programa de sanidad pública era claramente estigmatizador y denigrante para las mujeres prostitutas, ya que se las trataba de una manera diferente al resto de la población. En 1869 se redactó un nuevo documento que pretendía acabar con esta estigmatización eliminando las cartillas de prostitutas y permitiéndolas pasear libremente por lugares públicos. Pero en 1877 se redactó otro reglamento que retornaba a las líneas de actuación impuestas en 1865. En las últimas décadas del siglo XIX, fue cobrando más fuerza la opinión de los que se manifestaban en contra de una reglamentación de la prostitución por parte de los poderes públicos. Este movimiento abolicionista se fue extendiendo hasta que la campaña de Josephine Butler en Inglaterra llegó a España en 1877. Al comenzar el siglo XX existe una clara división entre los partidarios del abolicionismo y los reglamentistas, que es la misma división que permanece en los tiempos actuales. La posición reglamentarista recoge y actualiza la antigua legislación de los burdeles. Parte del supuesto que la prostitución es un mal necesario y que hay que garantizar a los clientes sexo seguro (controlado por médicos con la colaboración de los dueños de los locales de alterne), que las prostitutas deben estar registradas y que hay que erradicar la prostitución callejera. Este sistema, justamente denunciado porque coarta la libertad de las trabajadoras sexuales, da lugar a toda clase de abusos contra ellas, y ni siquiera logra la seguridad que ofrece, ya que el único sexo seguro es el que se realiza con preservativo (y la cartilla sanitaria da una falsa seguridad que se transforma en mayor demanda de sexo sin condón). Este sistema es el que estuvo en vigencia desde fines del siglo XIX y se mostró particularmente ineficaz y muy estigmatizante para las trabajadoras, como ya hemos explicado anteriormente. En el segundo caso, el abolicionista, se parte de un supuesto moral general según el cual la prostitución es una actividad degradante que implica enajenación por parte de las trabajadoras y depravación de los clientes. El objetivo es erradicarla. Esta posición no sólo muestra una visión superficial y moralista del problema, que no ha resultado efectiva en ninguno de los casos en que ha intentado aplicarse, sino que omite el análisis de las bases económicas de la opción por la prostitución. Las mujeres no suelen dedicarse a esta tarea porque les agrade, ni porque están presionadas o amenazadas físicamente, sino simplemente porque no tienen a su disposición otras actividades que les resulten más convenientes, desde el punto de vista de la relación ingresos/tiempo de trabajo. Además suele ser la opción preferente para personas que tiene problemas de papeles (inmigrantes sin permiso de residencia) o necesidades económicas abultadas. En ambos casos hay una desvalorización de las trabajadoras sexuales. Los reglamentaristas toman en cuenta sólo las necesidades de los clientes y controlan y explotan a dichas trabajadoras, mientras que las personas y organizaciones abolicionistas menosprecian la capacidad de las mujeres de generar propuestas autónomas y las ven como víctimas perpetuas, siempre engañadas e incapaces de proyectos propios. Su propuesta funciona además como profecía autocumplida, porque al considerar toda la prostitución como forzada, dificulta la tarea de captar y erradicar los casos en que realmente las trabajadoras sexuales han sido víctimas de algún delito o han padecido algún tipo de violencia.
Las organizaciones de trabajadoras sexuales y los grupos de investigación o de apoyo que convivimos con ellas, así como algunos partidos políticos (sectores de partidos de izquierda), sectores progresistas dentro del feminismo y un sector de los sindicatos mayoritarios, suelen optar por la opción de la legalización. Ésta puede tomar la forma de despenalización (que es la situación actual en España) en que simplemente se consigna que el trabajo sexual no es delito. Algunas trabajadoras sexuales como las italianas lideradas por Carla Corso y Pia Covre, creen que dados los riesgos de recaer en el reglamentarismo o en el prohibicionismo (consecuencia última del abolicionismo) esta opción es la deseable, sobre todo si se acompaña con una legalización social, es decir con un reconocimiento, por parte de la sociedad, de las características de actividad laboral normal de la prostitución, aunque no esté regularizada por la ley. Este nivel de aceptación posibilita a las trabajadoras del sexo mejorar su autoestima, les permite recurrir a los tribunales en caso de agresiones pero las deja indefensas ante los abusos patronales en términos de horarios de trabajo, condiciones laborales, etc. Visión sociológica: estigmatización, victimización y criminalización
Sobre la prostituta recae el estigma social. Es el centro del escándalo, la discriminación y la responsabilidad de los males. Se le acusa desde todos los ámbitos sociales: respecto de la justicia es siempre sospechosa, respecto de la salud pública es un agente que transmite enfermedades, respecto de la moral pública es el centro de la perversión y, desde el punto de vista social, ella es objeto de necesaria rehabilitación. Así pues, la prostituta no se usa como señalador de la persona que realiza una actividad contingente, sino un estatus social del que es imposible desprenderse. Por todo ello y siguiendo a María José Capellán, de la escuela de Trabajo Social de Gijón, partiremos de la hipótesis de considerar el trabajo sexual como algo estigmatizado, ya que si hay algo que todas estas mujeres con su diversidad de características personales tienen en común es el estigma, la marginación social a la que se ven abocadas por desarrollar un trabajo en una sociedad donde la sexualidad está sacralizada y la hipocresía y doble moral es la forma de actuar por norma general. El estigma de puta funciona como un poderoso y eficaz medio para reprimirlas y justificar su persecución. En palabras de Gail Pheterson, “el estigma de puta es una cómoda herramienta de represión estatal para las democracias modernas, como en cualuier otro lugar, ya que el sexismo flagrante resulta más aceptable que el racismo o la xenofobia”. Las inmigrantes trabajadoras del sexo son castigadas social y legalmente, y se les niega hasta el apoyo que deberían recibir como consecuencia de la presunta victimización y explotación que padecen. Este discurso retórico estigmatiza en mayor medida a las mujeres inmigrantes prostitutas y sólo sirve para agravar su situación. El estigma de prostituta tiene un efecto cegador y deshumanizante sobre la realidad de estas mujeres. Desde todos los ámbitos de estudio y desde los medios de comunicación siempre se pone especial énfasis en exponer los motivos que empujan a las prostitutas a su situación, otorgando legitimidad al presunto carácter patológico y alienante de esta actividad. Se buscan explicaciones, todas ellas alejadas de la racionalidad económica, precisamente en un momento histórico en el que el dinero es el principal baremo del éxito personal y social. Sin embargo, este criterio se descarta en el caso de la prostitución. No se parte nunca del supuesto de que la prostitución es una estrategia de supervivencia económica aprendida por todas las mujeres y resultado de una elección. Además, se considera sucio el dinero obtenido por las trabajadoras del sexo a través del intercambio comercial cuando la mayor parte de las empresas somete a abusos constantes a sus trabajadores en aras del beneficio económico. Sin embargo, las prostitutas son señaladas además por la deslegitimación de su actividad. Lo que se ve de fondo son las relaciones de poder entre sexos: el verdadero motivo que convierte en ilegales a estas mujeres y les priva de sus derechos es la autonomía económica y sexual que supone desarrollar esta actividad y sobre todo, cuando lo muestran con transparencia. Como recuerda Pheterson, es una infamia para la cultura machista de las sociedades que una mujer pida dinero abiertamente por lo que siempre ha entregado a cambio de otra cosa. En unos sistemas sociales históricamente basados en el control de la sexualidad de las mujeres a través de instituciones tales como la heterosexualidad obligatoria, el matrimonio y la reproducción, las mujeres que ofertan sexo a cambio de dinero están atentando contra el histórico control sexista impuesto por el orden patriarcal, al erigirse en gestoras autónomas de su sexualidad y asegurarse la independencia económica del varón, lo que cuestiona de raíz los pilares ideológicos en los que están instalados nuestros supuestos estados democráticos. Por ello, no pueden tolerar que esto suceda, temen que el ejemplo se extienda y afecte al control sobre el resto de las mujeres. Se estigmatiza su actividad, se las priva de sus derechos y libertades en vez de entender que el hecho de practicar la prostitución supone una estrategia liberadora que les permite escapar de la pobreza y les concede independencia económica. Sin embargo, el sistema vigente se empeña en no reconocer los derechos de estas trabajadoras, se niegan a verlas como sujetos activos al igual que el resto de ciudadanos/as. Todo esfuerzo represivo y estigmatizador por parte del Estado y la sociedad es poco para salvaguardar las reglas discriminatorias. Y podemos ir aún más lejos: la eficacia del discurso sexista se manifiesta especialmente en la división de aislamiento social de las prostitutas y la insolidaridad entre mujeres. La ideología feminista, durante años, ha colaborado ingenuamente en la discriminación de las trabajadoras del sexo, al subrayar la visión victimista y alienada de la prostituta, como si estuviera incapacitada para ser autónoma y poder tomar sus propias decisiones, lo ven como el máximo exponente de la subordinación de las mujeres. No hay peor insulto para una mujer que ser acusada de puta, por esa razón, las mujeres que buscamos ser aceptadas socialmente nos esforzamos mucho en alejarnos de esta adjudicación, aunque fracasemos en nuestro empeño. Cualquier mujer, en un momento dado, puede ser considerada demasiado autónoma y peligrosa, disidente de la organización social sexista que nos niega nuestro derecho a la autodefinición y, por tanto, a la independencia. El estigma de puta se encarga de mantenernos a raya a las mujeres, de castigarnos por si nos atrevemos a traspasar las conductas asignadas socialmente a cada uno de los sexos.
1 Colectivo IOÉ. Mujeres migrantes en España.. Proyectos migratorios y trayectorias de género. 2 Carmen Gregorio. La inmigración en España desde una perspectiva de género. 3 Isabel Holgado Fernández, miembro de LICIT. Las nuevas retóricas de la inmigración femenina: la prostitución en las calles de Barcelona.
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