EL DEBATE DE LA PROSTITUCIÓN:

REGLAMENTAR, ABOLIR O LEGALIZAR

Licit, abril de 2003

En los últimos meses está tomando especial virulencia en todo el Estado el debate en torno a cual es la posición legal más conveniente para acercarse al tema de la prostitución. Las posturas que más se dejan oír son la reglamentarista, representada por la propuesta de Anela y la legislación de la Generalitat, y la abolicionista representada por algunas asociaciones feministas con el apoyo de sectores de partidos políticos de izquierda.

La posición reglamentarista recoge y actualiza la antigua legislación de los burdeles. Parte del supuesto que la prostitución es un mal necesario y que hay que garantizar a los clientes sexo seguro (controlado por médicos con la colaboración de los dueños de los locales de alterne) que las prostitutas deben estar registradas y que hay que erradicar la prostitución callejera. Este sistema, justamente denunciado porque coarta la libertad de las trabajadoras sexuales, da lugar a toda clase de abusos contra ellas, y ni siquiera logra la seguridad que ofrece, ya que el único sexo seguro es el que se realiza con preservativo (y la cartilla sanitaria da una falsa seguridad que se transforma en mayor demanda de sexo sin condón). Hay que recordar también que este sistema estuvo en vigencia desde fines del siglo XIX y se mostró particularmente ineficaz y muy estigmatizante para las trabajadoras

En el segundo caso, el abolicionista, se parte de un supuesto moral general según el cual la prostitución es una actividad degradante que implica enajenación por parte de las trabajadoras y depravación de los clientes. El objetivo es erradicarla. Esta posición no sólo muestra una visión utópica y moralista del problema, que no ha resultado efectiva en ninguno de los casos en que ha intentado aplicarse, sino que omite el análisis de las bases económicas de la opción por la prostitución. Las mujeres no suelen dedicarse a esta tarea porque les agrade, ni porque están presionadas o amenazadas físicamente, sino simplemente porque no tienen a su disposición otras actividades que les resulten más convenientes, desde el punto de vista de la relación ingresos/tiempo de trabajo. Además suele ser la opción preferente para personas que tiene problemas de papeles (inmigrantes sin permiso de residencia) o necesidades económicas abultadas.

En ambos casos hay una desvalorización de las trabajadoras sexuales. Los reglamentaristas toman en cuenta sólo las necesidades de los clientes y controlan, explotan y encierran a dichas trabajadoras, mientras que las personas y organizaciones abolicionistas menosprecian la capacidad de las mujeres de generar propuestas autónomas y las ven como víctimas perpetuas, siempre engañadas e incapaces de proyectos propios. Su propuesta funciona además como profecía autocumplida, porque al considerar toda la prostitución como forzada, dificulta la tarea de captar y erradicar los casos en que realmente las trabajadoras sexuales han sido víctimas de algún delito o han padecido algún tipo de violencia.

Las organizaciones de trabajadoras sexuales y los grupos de investigación o de apoyo que conviven con ellas, así como algunos partidos políticos (como ERC, Los Verdes y más sectores de otros partidos de izquierda) sectores progresistas dentro del feminismo y los sindicatos mayoritarios, suelen optar por la opción de la legalización. Esta puede tomar la forma de despenalización (que es la situación actual en España) en que simplemente se consigna que el trabajo sexual no es delito. Algunas trabajadoras sexuales como las italianas lideradas por Carla Corso y Pia Covre, creen que dados los riesgos de recaer en el reglamentarismo o en el prohibicionismo (consecuencia última del abolicionismo) esta opción es la deseable, sobre todo si se acompaña con una legalización social, es decir con un reconocimiento, por parte de la sociedad, de las características de actividad laboral normal de la prostitución, aunque no esté regularizada por la ley. Este nivel de aceptación posibilita a las trabajadoras sexuales mejorar su autoestima, les permite recurrir a los tribunales en caso de agresiones pero las deja indefensas ante los abusos patronales en términos de horarios de trabajo, condiciones laborales, etc.

Pasar de la despenalización a la legalización sin caer en el reglamentarismo, supone tomar en cuenta la perspectiva y las demandas de las trabajadoras sexuales. En primer lugar conseguir para ellas que puedan aportar a la seguridad social desde rótulos no estigmatizadores, para que su paso por la prostitución (que puede ser esporádico) no las estigmatice y les impida movilidad laboral. Además implica reconocer la prostitución callejera como una actividad legítima, que no debe estar en la mira de autoridades municipales o asociaciones de vecinos. Sanear los barrios significa brindar mejor infraestructura y acabar con la delincuencia, la droga, el ruido y la suciedad, y de ninguno de esos problemas son responsables las trabajadoras sexuales. Por último significa que los sindicatos se comprometan a negociar con la patronal de las casas de alterne un convenio laboral marco, que como en el caso de cualquier otra actividad, impida los abusos y salvaguarde la autonomía de las trabajadoras. Algunos de los sindicatos principales ya están en esa tarea y han trabajado en el borrador teniendo en cuenta las demandas de las prostitutas.

La prostitución es una actividad económica con la que se ganan la vida miles de personas, en su mayoría mujeres, en todo el mundo. Acercarse al tema sin tener en cuenta sus opiniones y sin tener claras cuales serían las posibilidades laborales alternativas, lejos de ayudarlas les genera problemas. Intentar “salvar” a las personas sin su consentimiento puede ser una posición bien intencionada, pero no es una forma eficaz de abordar la situación.

LICIT           22 de abril de 2003