Hetaira |
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Derechos profesionales La Constitución no distingue entre ciudadanos Rosa Regàs
Si las mujeres en su vertiente profesional son en general invisibles para los hombres, si no hay forma de que nos consideren iguales ni en el trabajo, ni en el hogar, ni tantas veces se considera que son equivalentes nuestras capacidades creativas y mentales con las de los ciudadanos de sexo masculino, el caso se agrava de una forma estremecedora cuando se trata de las prostitutas. Se agrava porque si en el caso de la mujer trabajadora la ignorancia se basa en la cultura de nuestra sociedad que se niega a admitir la igualdad, en el caso de las mujeres que se dedican a los trabajos que tienen que ver con el sexo, se basa simplemente en la más brutal hipocresía.
Nuestra sociedad pretende que dar a las prostitutas el derecho que les corresponde a cotizar en la seguridad social para poder disfrutar de sus beneficios, sería una aceptación de facto de un oficio del que dicen renegar. Y sin embargo no es así, porque una gran parte del colectivo masculino utiliza los servicios que ofrece la prostitución como lo demuestra, entre muchas otras cosas, las inacabables páginas de todos los periódicos de la nación donde se ofrecen los mencionados servicios, páginas que se suceden sin interrupción y sin disminuir en número desde hace casi treinta años. ¿Cómo se compaginan esas ofertas que reconocen una profesión siempre vigente y activa con la negativa a conceder a quienes la practican los beneficios que les corresponden como ciudadanas?
Cada cual es libre de elegir el trabajo que quiera o de practicar el que pueda, y las leyes morales de tal o cual creencia, secta o religión que podrían negar la existencia y la práctica de la prostitución y en consecuencia los derechos inherentes a los trabajadores, no tienen poder ejecutivo ni legislativo en España donde nos regimos por una Constitución que no hace distinciones entre quien ha de gozar y quien no ha de gozar de los beneficios de los derechos que proclama.
Lo que piden, pues, las prostitutas no es una extravagancia sino un derecho. Y todos los que luchamos por la igualdad como uno de los valores universales de nuestra sociedad junto con la justicia y la libertad, defendemos la igualdad laboral entre las prostitutas y las que no lo son, igual que defendemos la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos sean blancos o negros, católicos o musulmanes, ricos o pobres. Así lo proclama también la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que nuestro país ha suscrito. Cualquier otra forma de ver el problema supone el sometimiento a una creencia religiosa o moral, una mera opinión aplicable a los miembros de una familia, una parroquia o una comunidad, pero no a la totalidad de los ciudadanos del mundo.
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