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Trabajadoras y trabajadores del sexo sin derechos laborales

Notas de Hetaira para la elaboración de un reportaje del periódico Diagonal (13 de junio de 2009)

Mamen Briz.

La Sala Penal del Tribunal Supremo publica una sentencia, el 14 de abril de 2009, que absuelve a dos empresarios y una empresarias de dos clubes de alterne de Vigo de un delito “contra los derechos de los trabajadores”, pero les inculpa y condena por: “Inmigración ilegal para la explotación sexual”. Dicha resolución, como no podía ser de otro modo, viene a sumarse al debate de qué hacer con las prostitutas que “no” han sido obligadas a ejercer en contra de su voluntad y que, por tanto, no pueden ser consideradas víctimas de trata de seres humanos.

La sentencia dice textualmente: “Al margen de razones de moralidad, (la prostitución) puede ser considerada como una actividad económica que si se presta en condiciones aceptables por el Estatuto de los Trabajadores no puede ser incardinada en el delito 312 del C.P.” (1). Al igual que pensamos desde Hetaira, los magistrados plantean en la sentencia que la prostitución voluntaria (sin coacción, engaño, violencia o sometimiento), bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero, ha de ser considerada “actividad laboral” (2). Para Hetaira esta es la parte más positiva de la sentencia, una sentencia que además sienta jurisprudencia, y que recalca la diferencia entre trata de seres humanos y prostitución. La sentencia da por probado que las 11 mujeres que trabajaban en el club: “Aceptaron venir a España para ejercer la prostitución, así como las condiciones económicas, entre las que se encontraba la devolución de parte del costo del billete aéreo y la concesión de un día de descanso a la semana”. Es decir, que estamos hablando de un delito de inmigración ilegal, no de prostitución forzada.

El problema radica en que la prostitución voluntaria no está regulada. En el caso de que una persona decida ejercerla (y no ocultarlo ante la sociedad) puede, eso sí, intentar darse de alta en la Seguridad Social (bajo el epígrafe “96.09 Otros Servicios Personales” según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009) para trabajar con garantías fiscales y legales, como ya hacen muchas trabajadoras del sexo.

Sin embargo, la cuestión se complica cuando la relación laboral es “dependiente de terceros” porque no existe regulación alguna al respecto (tan sólo algunas sentencias que regulan la actividad de “alterne”, no de prostitución) (3). En el caso de Vigo, las prostitutas o trabajadoras del sexo eran “sobrexplotadas laboralmente” y la sobreexplotación no es sólo característica de la prostitución dependiente de terceros sino que se da frecuentemente en muchos otros sectores no regularizados, por ejemplo, las trabajadoras domésticas. Se les imponían multas económicas -algo expresamente prohibido por ley- por llegar tarde, hablar alto o dar teléfonos a los clientes, algo completamente intolerable en cualquier otra actividad económica. Peor aún, las mujeres tenían la obligatoriedad de residir en los locales y abonar un precio por el alojamiento y la comida. De algún modo esta es la realidad de la prostitución voluntaria en nuestro país. Ejercerla autónomamente, sin depender de terceros, parece la alternativa mejor bien sea a través de locales autogestionados o de cooperativas de trabajadoras. Sin embargo, no todas las personas cuentan con recursos económicos o condiciones suficientes para organizar su propio negocio. Depender de terceros lleva, en la inmensa mayoría de las ocasiones, a la sobreexplotación laboral. Y esto es lo que habría que impedir a toda costa, regulando las condiciones laborales de esta actividad económica singular, no comparable con otras. Las prostitutas no pueden seguir trabajando en estas condiciones, sin ninguna ley que les ampare, mientras la sociedad mira hacia otro lado.

Fundamental es que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 del Código Penal, que considera delito lucrarse de la prostitución de otra persona: “Aún con el consentimiento de la misma”. Sobre todo teniendo en cuenta que los empresarios de los clubes se benefician (directa e indirectamente) del trabajo de las mujeres y que además les imponen sus propias condiciones.

Las leyes no pueden contemplar sólo los aspectos de licencia, localización, aspectos sanitarios, etc… de los locales sino que deben defender los derechos de las trabajadoras del sexo. Entendemos que, en la actividad de prostitución, son las propias trabajadoras quienes han de decidir quiénes han de ser sus clientes (sin imposiciones que valgan) y quienes han de decidir qué servicios sexuales ofrecen, cuándo (la disponibilidad total no casa bien con los derechos de trabajadoras y trabajadores) y cómo… Y, por supuesto, es básica la libertad de movimiento para entrar y salir del local y libertad para romper el contrato laboral en cualquier momento, sabiendo que habrá una liquidación económica.

La sentencia ha inquietado a algunos sectores y ha reabierto el debate sobre si la prostitución ha de considerarse un trabajo homologable a otros o no (4). En el caso que nos ocupa es más que evidente que las condiciones laborales entran en contradicción con las normativas laborales. Pero si estas condiciones fueran aceptables, desde el punto de vista del derecho laboral, ¿por qué no admitir la existencia de una relación laboral entre trabajadoras y trabajadores del sexo y los dueños de los clubes? ¿por qué seguir negándoles derechos? ¿por qué continuar “castigándoles” con la estigmatización, el aislamiento y la indefensión laboral? Las condiciones de “alegalidad” actual favorecen su explotación por parte del empresariado de la industria del sexo.
El Grupo de Estudios de Política Criminal (constituido en 1989 por unos doscientos penalistas -profesores de universidad, jueces y fiscales) se manifiesta en 2007 a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos y afirma: “El Estado acuerda negar la ciudadanía laboral a las personas que ejercen la prostitución impidiendo el reconocimiento de su existencia como sujetos de derechos. El reconocimiento de la dignidad humana como valor supremo recogido en nuestra Constitución exige el respeto a la voluntad de quien, siendo mayor de edad, decide prestar servicios remunerados de carácter sexual. Negar de plano la posibilidad de que esa opción sea válida constituye un tratamiento paternalista de la mujer (y del hombre) como personas incapaces de tomar decisiones adultas. Supone relegarles, sin legitimidad alguna, a la condición de infrasujetos. Esta es una responsabilidad muy grave que una política criminal democrática no debería asumir” (5).

Por último, a Hetaira le preocupa especialmente qué sucede con las mujeres implicadas en estos procesos. Porque de ellas prácticamente no se habla. Se les olvida pronto. Las mujeres que declararon en el juicio lo hicieron a través de videoconferencia. Entendemos que fueron expulsadas por “inmigración irregular”. Aunque la sentencia sí habla de indemnización económica (concretamente de 7.000 euros) para dos de las mujeres.
Todo esto no quita para que además demos una atención rápida y eficaz a las víctimas de trata de seres humanos, algo que aún no se está haciendo del todo bien. Un ejemplo de ello: la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de Luxemburgo impuso una sanción económica al Gobierno español con fecha 14 de mayo de 2009, por incumplir: “Las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos”.

(1) Artículo 312 del Código Penal. 1. Redacción según Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra. 2. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

(2) También la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Tribunal Europeo de Luxemburgo consideran la prostitución como una “actividad económica legítima” que debe ser reconocida y regulada en beneficio de quienes la ejercen.

(3) En nuestro país, la actividad de alterne sí ha sido considerada como relación laboral. Consiste en incitar al consumo de bebidas a cambio de un precio, durante un horario y bajo la organización del dueño del local.

(4) “La prostitución, ¿un trabajo homologable?”, de Mercè Saura Súcar, magistrada y miembro de Jueces para la Democracia, artículo publicado en La Vanguardia el 10 de junio de 2009.

(5) Texto completo en: http://www.colectivohetaira.org/WordPress/el-grupo-de-estudios-de-politica-criminal-a-favor-de-la-regulacion-del-ejercicio-voluntario-de-la-prostitucion-entre-adultos-2007/

junio, 2009 |Categories: Artículos de Hetaira|