Prostitución legal

Editorial El País | Lunes, 12 de abril de 2004


El debate sobre la regulación de la prostitución debería centrarse sobre todo en si tal medida sirve o no para proteger mejor los derechos individuales de las personas que por unas u otras circunstancias la ejercen, empezando por el más genérico de la libertad sexual y acabando por el de la seguridad laboral. Y ello al margen de las distintas opiniones morales sobre el mal llamado oficio más viejo del mundo.

El actual Gobierno catalán ha optado por seguir impulsando la vía de la regulación iniciada por CiU y ha anunciado reformas favorecedoras de derechos sociales para las prostitutas. Es una iniciativa valiente, dirigida a proteger la situación socio-laboral de estas personas, y que se añade a la regulación ya existente sobre horarios, condiciones higiénico-sanitarias y características de los locales donde ejercen su actividad.

Desde sectores bien cualificados -feministas o no- hay quien considera que todo intento de regular la prostitución sería tanto como legitimar una práctica atentatoria contra la dignidad de la mujer. No es, desde luego, una posición desdeñable. Pero más allá de este discurso abolicionista, la realidad es que en España existen al menos 300.000 profesionales del sexo en situación alegal y semiclandestina, lo que favorece su explotación económica y laboral, así como su marginación social. La regulación puede ser, cuando menos, una vía no sólo para minimizar los efectos nocivos que genera siempre toda actividad alegal, sino para garantizar los derechos individuales y sociales de quienes la ejercen. La actitud de los poderes públicos ante la prostitución no puede ser la de hostigar a quienes la ejercen o de inducirles a su abandono con ofrecimientos de "reinserción" coactivos, como ha denunciado en Madrid la Asociación de Defensa de los Derechos de las Prostitutas, Hetaira.

Un punto de partida sólido es la sentencia dictada en 2001 por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo que reconoce a la prostitución el carácter de "actividad económica", siempre que se ejerza "por cuenta propia", y asimila a quienes se dedican a ella a la categoría de trabajadores autónomos. Lo que no puede ser es seguir con el actual vacío legal que los jueces intentan llenar en casos concretos, como el derecho de las chicas de alterne a la Seguridad Social. Y una regulación de la prostitución debería, además, facilitar una persecución penal más rigurosa contra las redes de explotación sexual y de trata de blancas.