El Ayuntamiento de la villa de Bilbao ha promulgado una ordenanza que castiga la oferta o solicitud de servicios sexuales a cambio de precio en los espacios públicos, con independencia de que se haga en forma molesta o no para los transeúntes y vecinos. Es el acto mismo de concertar los servicios de una prostituta lo que se declara ilícito y sancionable, porque entiende el Ayuntamiento que es algo que atenta contra la ciudadanía. Desde un punto de vista práctico, y la experiencia de otros lugares lo demuestra, la medida generará una mayor penosidad y peligro para las prostitutas en la prestación de sus servicios. La prostitución será menos visible, pero se hará en peores condiciones. Se perjudica a quien, en teoría, se dice que se quiere proteger.Por otro lado, mencionar la protección del «espacio público de la ciudadanía» como un ámbito a mantener descontaminado de ciertas prácticas es algo que casa muy mal con la realidad, diariamente verificable, de que ese ámbito público ya está invadido por anuncios estridentes de ofertas y demandas de servicios sexuales. Pero es desde el punto de vista estrictamente ciudadano desde donde la medida en cuestión resulta de más dudosa justificación, puesto que, en definitiva, no está nada claro que el Estado o sus autoridades puedan sancionar o criminalizar el intercambio de servicios sexuales por precio. Más bien parece que incurre al hacerlo en un típico exceso punitivo, el que está movido por consideraciones puramente morales. Y hay que recordar que la moral nos dice lo que está bien o mal, pero no es título bastante para declarar delito o falta lo que es visto como malo por la mayoría. La prostitución no es un modo de vida deseable ni aceptable, como dice Amelia Valcárcel. Ninguno de nosotros lo querría para sí o para sus próximos. Pero que no sea deseable no significa que pueda ser castigada cuando es un modo de vida voluntariamente asumido. Pues para que el Estado pueda prohibir una conducta es preciso que cause daño a alguien, y no está ni mucho menos claro que ése sea el caso. Los abolicionistas alegan que la prostitución atenta contra la propia dignidad de las personas que la ejercen, pero los argumentos para probarlo son muy endebles. Dicen que la prostitución entraña convertir en mercancía el cuerpo humano, pero eso es lo mismo que ya dijo Marx de cualquier trabajo retribuido en una sociedad capitalista, que convierte al ser humano en mercancía alienada. No hay nada que estructuralmente distinga la prestación de servicios sexuales de la prestación de otros servicios físicos, salvo la valoración que cada uno haga del sexo. Alegan también los prohibicionistas que no existe igualdad y libertad en un mercado caracterizado por su desigualdad entre oferentes y demandantes, pero esto, de nuevo, no es señalar nada distinto de lo que sucede en el mercado de trabajo en general. Cierto que existe un elevado porcentaje de prostitución obligada, sea directa o estructuralmente. Contra este tipo de dominación y lacra todas las medidas están justificadas, nadie lo discute. Pero a menos que queramos ser ciegos a la realidad social hemos de admitir que existe un porcentaje de prostitutas que ejercen su profesión con la misma voluntad y libertad (relativas, pero suficientes) con las que otras personas trabajan en otras actividades. Y que, probablemente, siempre existirán. Cuando la autoridad pública decide imponer coactivamente su visión (o la visión de la mayoría de la sociedad) de lo que es una vida buena y digna se convierte en un Estado 'perfeccionista', en un Estado 'virtuoso'. Pero el precio de la virtud impuesta coactivamente se paga siempre en moneda de libertad personal. En este caso, la pagan unas personas a las que, como si fueran unos niños, se las ha declarado moralmente incapacitadas para decidir lo que les conviene. Para los perfeccionistas, a pesar de su voluntariedad, el juicio ético negativo que merece esa dedicación justifica su prohibición y sanción. Hay que proteger la dignidad de estas personas en contra incluso de ellas mismas. Pero a otros nos parece, como dice Marta Nussbaum, que es precisamente el negar a estas personas una regulación laboral normal de su actividad lo que atenta a su dignidad e igualdad como ciudadanas. En un Estado democrático el único juez de lo que a cada uno le conviene es uno mismo, siempre que no cause daño a otros, y por eso nunca se le podrán imponer a nadie comportamientos no queridos en nombre de su propio bien o de su propia dignidad. O declaramos que todas (y todas quiere decir aquí todas) las prostitutas son incapaces morales menores de edad, o estamos infringiendo sus derechos al imponerles lo que no desean. Estamos tratándolas como 'no ciudadanas' en nombre de, precisamente, la ciudadanía.